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Me explicaré. Con el último devenir de los acontecimientos se ha puesto encima de la mesa la necesidad (y el interés de todo el mundo) de incrementar los recursos en sanidad. De modo paralelo han surgido iniciativas que reivindican una remuneración justa a los profesionales implicados.

Eso es así porque en los últimos años los sanitarios en general han visto congelados sus honorarios, cuando no recortados. Y aquí enlazo con la afirmación de que voy a hablar de lo mío, de lo nuestro. La odontología en nuestro país es mayoritariamente privada. Nuestros representantes profesionales lo son de todos pero muy especialmente de la ingente cantidad de odontólogos que trabajan en sus consultas privadamente, en consultas de otros compañeros, en consultas de empresas, franquicias y mutuas. Las universidades educan de modo mayoritario pensando en el ejercicio privado. La cuestión es que los dentistas llevamos años sufriendo incrementos de costos: personal, gastos fijos, técnicas y procedimientos cada vez más costosos, pero sin repercutir proporcionalmente, la mayoría de las veces, todo ello en nuestros honorarios. Vamos disminuyendo nuestro margen y por tanto nuestro beneficio personal a la par que se va incrementando la competencia.

No sé si queda alguien que crea en la mano invisible del liberalismo puro y duro de Adam Smith que regulaba el mercado basándose en la competencia, la eficiencia y la equidad.

Lo cierto es que, en un momento en que todos reconocen la importancia de pago justo por los tratamientos que realizamos, un sinfín de mutuas y compañías de seguros nos pagan un buen número de actos a 0 euros. Sorprendentemente, nuestros representantes, los responsables sanitarios, incluso la población a la que atendemos (algunos pacientes ni siquiera lo saben) se ponen de perfil ante la incuestionable injusticia de aceptar que trabajemos de manera gratuita. El problema no se refiere ya a las primeras visitas, sino a actos concretos del nomenclátor de muchas entidades, para más inri, muchos de ellos ligados a actividades básicas, preventiva, odontopediatría, etc. El problema se refiere también a las consultas que se ven obligadas a “regalar” tratamientos en la esperanza de que el paciente acepte presupuestos, transmutando la relación de confianza en una relación básicamente económica/comercial.

Por ello el momento en el que se reivindica un trato económico justo a los profesionales de la sanidad, es el idóneo para hacerlo extensivo a la odontología. Las mutuas deben dejar de incluir conceptos en su nomenclátor pagando 0 euros al dentista, las autoridades de la competencia deben entender que eso propicia una nefasta relación con los “clientes“ y además es una práctica éticamente más que dudosa, las autoridades laborales deben entender que los contratos, entendidos como un acuerdo entre el prestatario (las entidades, pacientes, mutuas, franquicias, etc.) a las que prestamos servicio y los dentistas que percibimos una retribución por trabajar, están siendo tergiversados en su espíritu y no precisamente para bien de los pacientes ni de los dentistas. Por tanto no puede haber actos a costo 0 de manera impuesta unilateralmente. Da igual que se argumente que somos libres de firmar o no esos acuerdos. Podemos regalar nuestro trabajo a quien queramos pero eso no puede convertirse en algo obligatorio ni regulado ni hemos de vernos necesariamente abocados a hacerlo. Tampoco puede ser un método de captación de pacientes. Simplemente no es justo ni ético por mucho que se haya convertido en una práctica desgraciadamente cotidiana.

Se impone la necesidad de unos precios de referencia ligados a unos procedimientos mínimos elaborados, pensando en una retribución justa y en una justa actuación. Un papel que lamentablemente perdieron los colegios profesionales y los organismos que velan por la competencia y la equidad deberían estimular en defensa de los usuarios y en defensa también de los profesionales. Se impone la necesidad de que las empresas dentales utilicen ese nomenclátor, esa descripción y esos precios como referencia.

Ahora que todos vemos la importancia de que los profesionales perciban un precio justo por su trabajo, de no dejar el mercado a la voracidad de los intereses espurios de algunos de los mercantilizados actores del mundo dental. Por hacerlo así ha pasado lo que ha pasado en el tema de la publicidad engañosa y de las empresas que todos conocemos. Es hora de recordar a quien corresponda que la odontología, nuestra odontología, hoy por hoy es básicamente privada. Es un tema duro, difícil de manejar, pero mientras esperamos ese futuro celestial que algunos prometen en el que los ciudadanos satisfarán sus necesidades odontológicas a cargo del estado, los implicados están dejando hervir el tema supongo que pensando que cuando más hierva más blando estará y es posible que incluso se acabe diluyendo. O sea, que seguiremos en la casilla de salida.